Panamá logra calificación positiva del Foro Global de la OCDE

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El Foro asignó una calificación temporal de "cumplidor en gran medida" al país, la segunda mejor nota que se puede obtener, explicó Publio Cortés, Director General de Ingresos.
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Panamá obtuvo una calificación positiva en la evaluación del intercambio de información fiscal del Foro Global sobre Trasparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Foro asignó una calificación temporal de "cumplidor en gran medida" al país, la segunda mejor nota que se puede obtener, explicó Publio Cortés, Director General de Ingresos.

La decisión se basó en los avances realizados por Panamá en la adecuación de su marco legislativo, la ampliación de socios para el intercambio de información tributaria y la labor que realiza la DGI para atender solicitudes de información.

Los resultados, dados a conocer hoy, implican que Panamá no será incluido en la lista de países no cooperadores con los estándares de transparencia fiscal del G-20. La inclusión del país en la lista hubiese tenido consecuencias negativas tanto en lo reputacional como en lo práctico.

La calificación del Foro Global es considerada en el proceso de revisión que sobre el tema también realiza la Unión Europea.

Para elaborar su lista, el G-20 solicitó al Foro Global que se establecieran criterios para determinar el cumplimiento de los países con los estándares de transparencia fiscal.

Uno de esos criterios hace referencia a la necesidad de obtener una buena calificación en el proceso de revisión paritaria del Foro Global en materia de intercambio de información fiscal.

Mediante el procedimiento de evaluación abreviada conocido como fast track jurisdicciones como Panamá tenían la oportunidad de ser revisadas de forma rápida para mejorar su calificación.

En preparación al fast track, Panamá adoptó una serie de normas que, entre otros avances, permiten identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas, obligan a mantener registros contables a compañías offshore y otorgan más poderes coercitivos a la DGI para establecer sanciones.

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